La República Dominicana arrastra una agenda incumplida de desarrollo fruto de las profundas desigualdades socio-económicas.
 
El Estado y las principales estructuras económicas están organizados para esquilmar sistemáticamente la riqueza producida por la inmensa mayoría y colocarlas en manos de una pocas decenas de familias.
 
No importa cuánto crezcamos económicamente como sociedad, la miseria se incrementa porque el modelo está diseñado para eso.
 
Basta estudiar el siglo XX dominicano y este primer lustro del XXI para observar el resultado de esta situación y entender la naturaleza sistémica de nuestro atraso.   

La democracia no ha contribuido a mejorar ese estado de cosas debido a una perversa interpretación de la gobernabilidad que paga con hambre y migración forzada una relativa paz ciudadana.
 
El efímero gobierno de Bosch y el frustrante resultado de la Revolución de Abril penden como una espada sobre la mentalidad política dominicana, sobornando las reivindicaciones socioeconómicas de la inmensa mayoría.
 
De esa deforme gobernabilidad se ha pasado a una extendida corrupción en los sectores público y privado, fundamentado en las soluciones individuales de los agentes políticos y empresariales.

Frente al modelo aparentemente inamovible de explotación que nos arropa, muchos de quienes acceden a cuotas de poder del Estado, sin importar su signo ideológico, legitiman sus conductas corruptas como “defensa personal” ante un sistema empobrecedor.
 
A su vez los agentes económicos privados justifican su corrupción -como la evasión de impuesto o el robo de energía eléctrica- bajo el mismo predicamento que los funcionarios públicos.

Si por lo visto ningún grupo político tiene la profunda vocación de transformar el modelo socio-económico del país, y quienes predican su transformación es porque no tienen la menor posibilidad de acceder al poder –no necesariamente por sus propuestas- la solución está en una mayor participación política de la población, no tanto en función de banderías partidarias, sino de propuestas específicas de cambio.
 
Y empujando dicha agenda a obligar a partidos y organizaciones a comprometerse con los cambios que necesitamos.

No podemos seguir con una democracia que se ejerce desde las gradas. Sin participación popular en función de cambios específicos y realistas, nunca saldremos de la miseria de manera soberana.